El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, causó un gran revuelo este mes cuando declaró que su país se convertiría en el primero del mundo en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal. Para llevar a cabo este plan, el país se apoyará en socios como Zap Solutions Inc. con sede en Chicago, cuyo monedero digital Strike ya está siendo utilizado por los salvadoreños en una ciudad costera que la comunidad de criptomonedas ha bautizado como la Playa Bitcoin.

Strike tiene la tecnología para ayudar a El Salvador a adoptar Bitcoin, pero algo que parece no tener son ciertas licencias para operar como una empresa transmisora de dinero.

Una investigación de Decrypt descubrió que Zap carece de licencias para operar en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Los expertos sugieren que esto significa que muchas transferencias de efectivo y criptomonedas a El Salvador usando Strike son potencialmente ilegales, una situación que podría enturbiar aún más los ya controvertidos planes de Bitcoin del país centroamericano.

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El director general de Strike, Jack Mallers, y otros miembros de la empresa no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios.

Una nueva cara en la escena de Bitcoin en El Salvador

El director general de Strike, Jack Mallers, está totalmente comprometido con la promesa de Bitcoin.

Hijo de un hombre que fundó una importante empresa de corretaje en Chicago y de una mujer que se hace llamar "Mamá Bitcoin", Mallers es un veinteañero amante de las sudaderas con capucha cuyo perfil de Twitter luce los ojos láser de los creyentes en Bitcoin. En una reciente conferencia en Miami, una multitud de amantes de las criptomonedas aclamó a Mallers como un héroe por ayudar a Bukele a llevar Bitcoin a El Salvador.

Mallers presentó a Bukele al público de Miami y sugirió que Strike, una plataforma de pago similar a Venmo, será fundamental para que El Salvador adopte Bitcoin. La empresa presume de que su tecnología de monedero digital, que permite a los usuarios moverse rápidamente entre la criptomoneda y la moneda fiduciaria, también ayudará a los comerciantes salvadoreños a cumplir con el decreto de Bukele de aceptar Bitcoin como pago.

"Mi enfoque es abrazar las propiedades que es Bitcoin, y lo que lo hace la red monetaria más poderosa del planeta", dijo Mallers durante una entrevista en CNBC a principios de este mes.

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Fundada en 2019, la compañía detrás de Strike, Zap Solutions, ha recaudado más de 18 millones de dólares para su producto principal, que permite a las personas realizar transacciones rápidas a través de Lightning Network, una reciente extensión de la red Bitcoin.

Al describir su última iniciativa, Mallers dijo a CNBC que está "ayudando a El Salvador a construir la infraestructura financiera más inclusiva que cualquier país haya visto en la historia de la humanidad."

¿Tiene Licencia Para Eso?

Zap puede definirse como una startup de Bitcoin, pero también es algo más: un "transmisor de dinero" registrado, un término que tiene un significado legal especial.

Las empresas estadounidenses que caen bajo este concepto —desde las empresas de cambio de cheques hasta las empresas de Bitcoin— deben registrarse en el FinCEN, una agencia que controla el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Según el sitio web de FinCEN y el sitio del producto Strike de Zap, el monedero está disponible en El Salvador y en todo Estados Unidos, excepto en Nueva York y Hawai. Pero aunque Zap se haya registrado en la FinCEN, ése es sólo el primer paso de un proceso enmarañado.

Para hacer negocios en EE.UU., los transmisores de dinero también deben obtener una licencia en cada estado en el que operan (Montana es la única excepción). Y parece que Zap no lo ha hecho.

Una búsqueda en el NMLS, un portal gubernamental que permite a las empresas ver la situación legal de los transmisores de dinero y otras empresas, revela que Zap sólo tiene una licencia en un estado: Washington. Es probable que esto se deba a que el Estado de los Siempre Verde ha asumido el papel de líder en un nuevo proceso multiestatal destinado a agilizar el proceso de concesión de licencias estado por estado, que es lento y costoso, especialmente para las nuevas empresas. Pero los reguladores dijeron a Decrypt que una licencia de Washington es sólo el primer paso para pedir a otros estados que concedan una licencia propia, y los registros muestran que ninguno lo ha hecho.

Decrypt ha hablado con varios abogados sobre estos hallazgos, y todos expresaron su sorpresa por el hecho de que un transmisor de dinero parezca estar operando en estados sin las licencias requeridas.

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"Dicen que están activos en todas partes excepto en dos estados y luego vas a intentar confirmar que de hecho están registrados [en todos los estados] y no lo encuentras, eso parece sospechoso", dijo a Decrypt Peter Fox, socio de Scoolidge Peters Russotti & Fox LLP.

Según Hailey Lennon, abogada corporativa de Anderson Kill, hay posibles razones por las que un transmisor de dinero puede no requerir licencias estatales para la actividad de transmisión de dinero. Por ejemplo, las empresas pueden construir sus servicios de tal manera que no sea necesaria una licencia o que se beneficien de las exenciones de un estado, o bien pueden solicitar una licencia como banco. Sin embargo, Decrypt no ha podido encontrar ninguna prueba de que Strike o Zap Solutions hayan seguido alguna de estas vías.

También existe una interpretación común de la ley de licencias de transmisores de dinero que sugiere que las empresas pueden nombrar un "delegado autorizado", un tercero que puede actuar en nombre del propio transmisor de dinero. Sin embargo, Stan Koppel, consejero de Bryan Cave Leighton Paisner, dijo a Decrypt que los delegados autorizados sólo pueden ser nombrados por una entidad licenciada, o una entidad que está exenta de licencia bajo las leyes estatales.

Lucinda Fazio, directora de servicios al consumidor del Departamento de Instituciones Financieras (DFI) —la agencia encargada de regular las instituciones financieras en el estado de Washington— también habló con Decrypt, y eliminó cualquier duda razonable sobre la existencia de cualquier otra laguna potencial que pueda existir en el pacto multiestatal descrito anteriormente. "Uno de los principales principios del programa es que ninguna empresa puede hacer negocios en ningún estado sin la licencia específica de ese estado", dijo Fazio.

El resultado es que Strike puede estar cortando las esquinas cuando se trata de la concesión de licencias, lo que reflejaría un patrón de comportamiento habitual en el mundo de las startups.

"Sé que en cripto y en la tecnología, hay este tipo de movimiento rápido y buscan romper todo y usted sabe que es más fácil pedir perdón que pedir permiso, pero mi recuerdo es que la violación de algunas de estas leyes de transmisión de dinero es un problema bastante grande", dijo Shawn Westrick, fundador de Westrick Law Firm, a Decrypt. Fazio añadió que "no se le ocurre un argumento vistoso por el que una empresa no deba conocer" sus obligaciones en materia de licencias.

Si Strike está operando efectivamente sin las licencias requeridas, la empresa podría enfrentarse a una serie de consecuencias.

"Creo que hay una gran variedad de recursos sobre la mesa, incluidas las multas y ciertas medidas cautelares, que implicarían que la empresa dejara de operar en el estado", añadió Fox.

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El silencio de Mallers

Mallers estuvo en el escenario de Miami y ha hecho recientes apariciones en televisión, pero ha guardado silencio a la hora de responder a Decrypt.

Hasta ahora, Mallers -y Strike- han ignorado repetidamente las numerosas peticiones de Decrypt de comentarios por correo electrónico y en las redes sociales sobre qué licencias tiene Strike, o debería tener.

La falta de licencias estatales de Zap en Estados Unidos conlleva varias implicaciones normativas importantes.

En primer lugar, la obtención de una licencia estatal de transmisor de dinero demuestra que una empresa cuenta con un programa suficiente de lucha contra el lavado de dinero, un umbral mínimo de patrimonio neto, realiza comprobaciones de antecedentes y, en última instancia, tiene permiso para dirigir su negocio.

Sin una licencia, un consumidor no puede estar seguro de que una empresa cumple las normas reglamentarias necesarias para ejercer legalmente su actividad como transmisor de dinero.

"Mientras que las regulaciones a nivel federal están diseñadas principalmente para garantizar la seguridad financiera y prevenir el blanqueo de dinero, la concesión de licencias para la transmisión de dinero a nivel estatal está dirigida a proteger a los consumidores y a garantizar la seguridad, la solidez y la solvencia de los solicitantes", se lee en un informe publicado por la consultora Sia Partners.

Esto es problemático para cualquier aspirante a transmisor de dinero que opere en cualquier jurisdicción, pero cuando observamos el papel de primera línea de Zap en El Salvador, la falta de licencias adecuadas suscita más preocupaciones de lo habitual. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta el legado de problemas de corrupción de El Salvador.

"Esta es la hora del aficionado, estas personas nunca han hecho una reforma de la moneda, no saben mucho acerca de las monedas", dijo Steve Hanke, profesor de economía aplicada en la Universidad John Hopkins, a Decrypt, y agregó: "Ellos pueden saber mucho acerca de criptomonedas, pero [la Ley Bitcoin] en sí es un trabajo de aficionados, un completo desastre."

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¿Cómo afecta esto a las ambiciones de criptomonedas de El Salvador?

Está claro que sin las licencias adecuadas, los usuarios no pueden estar seguros de que una empresa haya cumplido con sus obligaciones contra el lavado de dinero. Pero para El Salvador, cuya economía depende en gran medida de las remesas estadounidenses (como el propio Mallers ha señalado), la dependencia de una aplicación aparentemente sin licencia como Strike podría complicar aún más sus ambiciones de Bitcoin.

El país ya está bajo el escrutinio debido a delitos financieros. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (2020), El Salvador obtuvo un total de 36/100 en su enfoque de la corrupción. Esto sitúa el mal manejo de la corrupción en el país por debajo de países como Brasil, China y Colombia, mientras que lo sitúa sólo dos puestos por encima de Panamá. Mientras tanto, El Salvador también ha levantado la ira del ex presidente Trump y de los legisladores estadounidenses por exportar elementos de la Mara Salvatrucha o MS-13, una poderosa banda criminal de alcance global.

Todavía en mayo de este año, el Congreso publicó listas de políticos actuales y anteriores de El Salvador (así como de Honduras y Guatemala) que el Departamento de Estado había considerado corruptos. De los 16 nombrados, cinco de los ayudantes de Bukele eran calificados de corruptos.

"No podemos esperar que la gente de El Salvador, Guatemala y Honduras prospere en su país mientras sus funcionarios electos están más centrados en el enriquecimiento propio que en servir al público", dijo entonces la diputada Norma J. Torres (demócrata de California).

Y dada la reciente decisión de El Salvador de retirarse de un acuerdo anticorrupción, los legisladores sólo van a aplicar un mayor escrutinio al acuerdo de Bukele con Strike.

Quienes apoyan la decisión de Bukele de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal la consideran un cambio de juego, un momento decisivo en la búsqueda de la inclusión financiera y la transparencia. Pero los escépticos, incluido el Director Ejecutivo del grupo Coin Center, declaradamente favorable a las criptomonedas, temen que Bukele aplique el decreto de forma coercitiva:

Y, por supuesto, la propia negativa de Mallers a proporcionar detalles sobre el cumplimiento legal de Strike no refuerza la confianza en que el uso obligatorio de Bitcoin mejore la transparencia financiera en El Salvador. El resultado es que la audaz táctica de Bukele con el Bitcoin probablemente desencadenará un mayor escrutinio tanto de El Salvador como del Bitcoin en un futuro próximo.

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"Yo anticiparía que habrá un examen mucho más exhaustivo de la administración de Bukele en el futuro que en el pasado, digámoslo así", añadió Hanke.

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